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La invasión de propiedades rurales salta ahora al Chaco

Un campo ganadero como Faro Moro cuesta US$ 1.500 la hectárea. Con asfalto y ANDE, ese valor puede duplicarse.
El ímpetu inversor podría verse afectado si casos como Faro Moro se replican. En la foto, silo en el Chaco norte.

La seguridad jurídica se demuestra en los hechos, no basta con proclamarla de palabra. 

ASUNCIÓN (Chaco 4.0) – Según comunica la Asociación Rural del Paraguay,  las actividades en la estancia Faro Moro, Chaco, se realizan en cumplimiento de toda la normativa paraguaya que les habilita al desarrollo de pasturas y la producción agropecuaria. Sus propietarios han debido mostrar todos los documentos, incluyendo la licencia ambiental otorgada por el MADES y la autorización del Instituto Forestal Nacional.

La verdad es que la ARP podría haberse ahorrado esta consulta si en el Paraguay las instituciones fueran algo más que una sigla y un membrete. Pero la realidad es completamente a la inversa, tal como se expresa en el comunicado de la entidad ruralista: El denunciado debe demostrar inocencia, a contramano de todos los principios de vida de una sociedad democrática.

Modus operandi delictivo

Esto ocurre en el Paraguay desde hace muchos años. Es el modus operandi de los especuladores, extorsionistas asociados a mano de obra barata desocupada, que solo tienen que elegir cualquier establecimiento rural dedicado a agricultura, ganadería o desarrollos forestales para cercarlo con acampes, incursiones violentas quemando maquinaria, apaleando personal y a veces hasta matando, secuestrando y exigiendo rescates.

Esta fauna depredadora ha incorporado una nueva sociedad, según reportan crónicas provenientes del norte de la región Oriental. Una especie de fuerza de tareas compuesta por indígenas intimida a empresas agrícolas locales impidiéndoles levantar su cosecha con el peregrino argumento de que no hubo comunicación previa de dichas actividades. ¿A quién? A una ignota organización presuntamente indigenista que, en el saber popular de la zona -que es mucho y bien fundamentado- contaría con organización y financiación de un poderoso señor de la droga local.

Esto ocurría sólo en la región Oriental, en donde están los bocados inmobiliarios mas jugosos y caros. Pero ahora, estas operaciones depredadoras saltan al Chaco, en donde una hectárea puede cotizarse hasta en US$ 1.500 la hectárea.

Saludos desde Europa

Esta cuestión del “consentimiento previo de comunidades indígenas” exigible a cualquier productor rural antes siquiera de plantar un rabanito, no tiene enraizamiento alguno en el ordenamiento jurídico paraguayo, salvo algunas menciones periféricas que no hacen al fondo de la cuestión. De esta novedosa regulación no se tenía la menor idea local hasta tanto la Unión Europea hizo conocer su Reglamento 1115/23, que en el capítulo de diligencia debida e información dice:

“Los operadores recopilarán información, documentos y datos que demuestren que los productos pertinentes (a ser importados por la Unión) cumplen lo dispuesto en el artículo 9, observando el principio de consentimiento libre, previo e informado, según lo contemplado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”

En resumen: cualquier exportador paraguayo que quiera colocar en Europa un kilo de carne o un quintal de soja deberá conferenciar con alguna parcialidad indígena vecina para obtener su OK para exportar algo a los exigentes europeos.

Qué curioso que esta disposición, que hasta ahora rige solamente en Europa y en ninguna otra parte del mundo, sea citada  por comunidades originarias que, según algunas organizaciones “indigenistas”, viven en “aislamiento voluntario” en el monte.

El mundo al revés

En sociedades serias con vigencia plena de la separación de poderes, todo denunciante debe probar, ante las instancias jurisdiccionales correspondientes, el delito del cual acusa a la contraparte. Si la acusación tiene sustancia, el proceso puede marchar y tal vez acabe dando la razón al denunciante. Si la acusación cae, el promotor de la acción deberá afrontar las consecuencias de una falsa denuncia.

Pero en el Paraguay esas son sutilezas. Para montar una “causa” basta con un político oportunista, un abogado picapleitos y una nutrida bancada vociferante con pancartas llenas de frases amenazantes. La presión pública obliga al indiciado a mostrar papeles, publicar solicitadas y quedar luego a la defensiva. En el caso de atropello de propiedades rurales, si el agitador goza del apoyo de alguna oenegé, tendrá garantizada una buena cobertura internacional. Pero si por añadidura son incluidos en el combo pueblos indígenas, es garantía que el nombre del Paraguay volverá a rodar por los portales de noticias asociado a calificativos tales como depredación, deforestación, agrotóxicos y genocidio.

Si tales acusaciones no prosperan, si no hubo manera de probar el «genocidio inminente», no hay costo para el denunciante, que pasará al anonimato a la espera del próximo operativo ni bien llegue la orden superior desde  los sagrados altares del indigenismo de oficina con aire acondicionado.

Resultado: el nombre del Paraguay de nuevo revolcado por los titulares mundiales.

Hechos, no sólo palabras

Entonces, no nos preguntemos porqué, pese a las insistentes invitaciones del Gobierno a radicar capitales en el Paraguay, la inversión extranjera directa (IED) sea la más baja de Latinoamérica después de Bolivia. La respuesta hay que buscarla en la lábil consistencia de las instituciones.

La seguridad jurídica se demuestra en los hechos, no basta con proclamarla de palabra.

Por Chaco Paraguayo

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